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Para solicitar asilo en un país sin tratado de extradición con España, se deben cumplir los requisitos establecidos por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, la cual establece que se debe demostrar ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opiniones políticas, y que no se puede contar con la protección del Estado de origen.
España puede solicitar la colaboración de otros países para llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento de una persona que se encuentra en un país sin extradición, así como aplicar medidas de presión diplomática o económica.
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Dentro del régimen jurídico de la extradición concurren Tratados internacionales, Tratados bilaterales suscritos entre España y otros países, así como normas de Derecho interno.
Una extradición puede definirse como el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona (acusada o condenada de cometer un delito) a otro Estado que la solicita, para ser juzgada o para cumplir una sentencia que le ha sido impuesta anteriormente en el Estado solicitante.
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Extradición activa: aquella en la cual un Estado se dirige a otro para solicitar la entrega de una persona acusada de la comisión de un delito.
En conclusión, la falta de tratados de extradición con algunos países puede generar problemas en la justicia española, ya que puede permitir que personas acusadas de delitos graves se refugien en estos países, evitando así su responsabilidad ante la justicia española. Aunque esto puede dificultar la cooperación judicial entre España y estos países, es importante destacar que la falta de tratados de extradición no significa que España no pueda investigar o juzgar a personas acusadas de delitos graves que se encuentren en estos países.
Otra opción authorized que España podría usar en estos casos es iniciar un proceso de solicitud de extradición a través de la vía diplomática. A pesar de la falta de un acuerdo formal, España podría presentar pruebas y argumentos convincentes al país en cuestión para persuadirlo de que entregue al infractor. Esta opción puede ser más compleja y discrecional, pero no está completamente descartada.
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La solicitud debe cumplir con una serie de requisitos legales, como la presentación de pruebas y documentación adecuada.
Si un ciudadano español comete un delito en un país sin acuerdo de extradición, las autoridades españolas no pueden traerlo de vuelta para enfrentar la justicia en España.
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